El reciente anuncio del Gobierno federal sobre un enfoque más severo en la lucha contra la corrupción plantea serias preocupaciones para las empresas proveedoras del sector público. Esto aumenta la incertidumbre para aquellas empresas que desean participar en proyectos gubernamentales. Las nuevas atribuciones pueden dejar a las empresas expuestas a [...]
El reciente anuncio del Gobierno federal sobre un enfoque más severo en la lucha contra la corrupción plantea serias preocupaciones para las empresas proveedoras del sector público. Este cambio de política, según Hugo Briones González, director de Buró de Apoyo Empresarial, podría convertir al Gobierno en juez y parte en la materia. Esto aumenta la incertidumbre para aquellas empresas que desean participar en proyectos gubernamentales.
El nuevo reglamento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anteriormente conocida como Secretaría de la Función Pública, introduce un polémico Artículo 25. Este artículo le otorga a la Dirección General de Vinculación con el Sector Privado la autoridad para:
Briones advierte que estas nuevas atribuciones pueden sobrepasar las competencias de la dependencia, dejando a las empresas expuestas a sanciones, incluso si no están involucradas en actos ilícitos.
La desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la concentración de poder en esta Secretaría intensifican la incertidumbre en el sector privado. “Ahora las empresas corren el riesgo de ser responsables por actos de corrupción del sector público, lo que podría desincentivar su participación en proyectos gubernamentales”, comenta Briones.
Además, las recientes iniciativas pueden afectar negativamente la confianza en ser proveedor del Gobierno, especialmente ante problemas como la falta de pago a proveedores en proyectos clave.
A pesar de que el endurecimiento de la supervisión gubernamental y la creación de nuevos mecanismos de monitoreo buscan fortalecer la integridad en las contrataciones públicas, muchos expertos ven estas medidas como un peligroso precedente. Esto podría aumentar la desconfianza hacia el Gobierno como cliente.
#Gobierno #Proveedores #Corrupción #Empresas #ReglamentoAnticorrupción
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado recientemente el simulador de la declaración anual 2024 para personas morales. Esta herramienta tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones ...
Publicar comentarios (0)